La justicia de Panamá anula las concesiones de CK Hutchison, afectando activos clave del comercio global

En un giro histórico para la infraestructura logística de la región, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo trascendental el jueves 29 de enero de 2026. La máxima instancia judicial del país declaró la inconstitucionalidad del marco legal que fundamentaba las concesiones otorgadas a Panama Ports Company (PPC), una subsidiaria del conglomerado con sede en Hong Kong, CK Hutchison Holdings. Esta resolución judicial invalida de manera inmediata las leyes y los actos administrativos que respaldaban la operatividad de terminales críticas en el Canal, lo que representa un cambio drástico en el panorama legal del sector portuario panameño.

La sentencia anula específicamente la prórroga automática de 25 años que PPC había logrado asegurar en el año 2021, interrumpiendo así casi tres décadas de control operativo ininterrumpido sobre la terminal de Balboa, situada en el litoral pacífico, y la terminal de Cristóbal, en la costa atlántica. Durante su periodo de gestión, la compañía ha realizado inversiones que superan los 1.800 millones de dólares en infraestructura y avances tecnológicos en ambos emplazamientos. El desafío legal que culminó en esta decisión fue promovido por el Contralor General de Panamá, Anel Flores, quien interpuso demandas señalando presuntas violaciones constitucionales e irregularidades, incluyendo afirmaciones de que la empresa no remitió la totalidad de los impuestos requeridos al Estado. Es importante destacar que la concesión original se remonta a 1997, un periodo previo a la transferencia definitiva del Canal de Panamá de manos estadounidenses a la administración panameña en 1999.

Tras conocerse el fallo, la directiva de PPC emitió un comunicado formal asegurando que la decisión del tribunal carece de una base jurídica sólida. La empresa advirtió que esta medida pone en serio peligro la estabilidad económica de miles de familias panameñas que dependen directamente de las actividades portuarias, al tiempo que manifestó su intención de ejercer todos sus derechos legales, incluyendo el recurso a instancias internacionales. Esta acción judicial introduce una profunda incertidumbre sobre una desinversión masiva que CK Hutchison tenía prevista: la venta global de su negocio portuario por un valor de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC). Dicha transacción, anunciada inicialmente en marzo de 2025, ya había sufrido retrasos hacia 2026 debido al escrutinio regulatorio y a las exigencias de Beijing para que la estatal Cosco Shipping obtuviera una participación mayoritaria. Como consecuencia directa del anuncio, las acciones de CK Hutchison reflejaron este clima de inestabilidad, registrando una caída superior al 4,6% en la bolsa de Hong Kong.

Las implicaciones geopolíticas de esta resolución son considerables, dado que el Canal de Panamá facilita el tránsito de al menos el 5% del comercio global. Diversos analistas interpretan la decisión como un movimiento alineado con la agenda de seguridad nacional de la administración Trump, la cual ha buscado limitar la influencia estratégica de China sobre las infraestructuras críticas de la vía interoceánica. En respuesta, el gobierno de Hong Kong condenó la anulación del contrato, afirmando que este tipo de medidas socavan la confianza de los inversores internacionales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas involucradas en el exterior.

Simultáneamente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) continúa ejecutando su plan de diversificación estratégica, el cual contempla el desarrollo de nuevas terminales para preservar su competitividad en el mercado mundial. La ACP tiene previsto adjudicar los contratos para las futuras terminales de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, antes de que concluya el año 2026, con el objetivo de que las operaciones inicien formalmente en 2029. Esta iniciativa busca incrementar la capacidad anual de manejo de contenedores de 9,5 millones de TEU a 15 millones de TEU. Este ambicioso proyecto, que forma parte de un plan de modernización de 8.500 millones de dólares, avanza mientras el estatus legal de las operaciones actuales en Balboa y Cristóbal permanece en una fase de transición, subrayando el doble enfoque de Panamá en reafirmar su soberanía jurídica y asegurar su capacidad logística para las próximas décadas.