Hong Kong presenta una firme protesta tras la toma de control de puertos en el Canal de Panamá por parte del gobierno panameño

El gobierno de Hong Kong ha presentado una queja formal y enérgica ante las autoridades de Panamá tras la reciente toma de control estatal de dos terminales portuarias estratégicas ubicadas en el Canal de Panamá. En su declaración oficial, la administración hongkonesa acusó directamente al gobierno panameño de haber ejecutado una intervención por la fuerza, lo que ha generado una crisis diplomática inmediata entre ambos centros de comercio global.

Estas infraestructuras portuarias clave habían estado bajo la gestión operativa de CK Hutchison, una corporación multinacional con sede en Hong Kong, durante un periodo ininterrumpido de más de dos décadas. La salida forzada de la empresa pone fin a una larga trayectoria de administración privada que había sido fundamental para el flujo logístico y la estabilidad operativa en la región centroamericana.

La escalada del conflicto se originó el mes pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo para anular los contratos de concesión que permitían a CK Hutchison operar los puertos de contenedores. El máximo tribunal panameño justificó esta decisión drástica argumentando que los acuerdos contractuales existentes eran "unconstitucionales", invalidando así la permanencia legal de la firma asiática en dichas instalaciones.

Es importante destacar que esta resolución judicial se produjo poco después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una serie de acusaciones afirmando que China estaba operando de facto el canal. A pesar de la gravedad de estas declaraciones políticas, no se ha presentado hasta el momento ninguna evidencia pública fehaciente que sugiera que el gobierno chino tenga el control operativo de la vía interoceánica.

Por su parte, el gobierno de Hong Kong emitió un comunicado oficial en el que manifestó su "firme protesta" ante lo que calificó como un "acto flagrante" por parte de la administración panameña. Según el comunicado, esta acción unilateral no solo socava profundamente el "espíritu de los contratos" comerciales previamente establecidos, sino que también representa una violación preocupante de las "normas del comercio internacional" vigentes.

Las repercusiones financieras de esta medida son de gran magnitud, ya que el año pasado CK Hutchison había llegado a un acuerdo para vender la mayor parte de su participación en los dos puertos a un grupo de inversores liderado por la firma estadounidense BlackRock. Según informes proporcionados por la agencia de noticias Reuters, la intervención del gobierno de Panamá podría desestabilizar y potencialmente descarrilar esta operación de venta, valorada en 22.800 millones de dólares (aproximadamente 20.750 millones de libras esterlinas).

La empresa CK Hutchison, que fue fundada por el prominente multimillonario de Hong Kong Li Ka-shing, no ha dudado en describir la maniobra del gobierno panameño como un acto "ilegal". La compañía sostiene que la toma de las instalaciones carece de fundamento jurídico sólido y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los inversores extranjeros que operan en el país.

El panorama político se ve complicado por la postura del presidente Donald Trump, quien ha insistido repetidamente en que el canal centroamericano se encuentra bajo la influencia o el control directo de China. Estas afirmaciones han sido una constante en su discurso sobre la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Durante su discurso de toma de posesión el pasado mes de enero, Trump fue contundente al declarar: "China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo entregamos a China. Se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando". Estas palabras reflejan una política de confrontación respecto a la presencia de intereses asiáticos en infraestructuras críticas para el comercio estadounidense.

En sintonía con esta postura, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también exigió el mes siguiente que Panamá realizara "cambios inmediatos" en su gestión interna. Rubio expresó su profunda preocupación por lo que denominó la "influencia y el control" que, según su visión, ejerce China sobre las operaciones y la infraestructura estratégica del canal.

No obstante, los registros oficiales y los observadores internacionales coinciden en que no hay pruebas públicas que demuestren que China ejerza un control soberano o administrativo sobre el canal. Lo que sí es una realidad tangible es la presencia significativa de diversas empresas de origen chino que operan en el área, participando activamente en el ecosistema logístico y comercial del país.

El Canal de Panamá sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, con una longitud total de 51 millas (82 kilómetros). Cada año, cerca de 14.000 embarcaciones de diversos calados utilizan esta vía como un atajo estratégico indispensable para navegar entre los océanos Atlántico y Pacífico, evitando rutas mucho más largas y costosas.

Esta infraestructura vital gestiona aproximadamente el 5% del volumen total del comercio marítimo a nivel mundial. Su funcionamiento y mantenimiento diario están a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, una agencia gubernamental panameña que goza de autonomía para supervisar la operatividad de la vía y garantizar el tránsito seguro de las mercancías globales.

Finalmente, las estadísticas de tráfico de carga subrayan la importancia de los usuarios internacionales; entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, China fue responsable del 21,4% del volumen de carga que transitó por la vía. Esta cifra sitúa a la nación asiática como el segundo usuario más importante del Canal de Panamá, solo superado por los Estados Unidos en términos de volumen comercial total.