El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá emitió un fallo histórico el jueves 29 de enero de 2026, al declarar nulos los contratos de concesión de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado CK Hutchison Holdings con sede en Hong Kong. La máxima instancia judicial del país determinó que el marco legal que sustentaba dicha concesión es inconstitucional, lo que invalida de forma inmediata las leyes y actos administrativos que permitían la operación de terminales estratégicas en el Canal de Panamá. Según declaraciones recogidas en el entorno judicial, esta medida representa un cambio drástico en la gestión de la infraestructura logística nacional.
Esta sentencia anula específicamente la prórroga automática de 25 años que PPC había obtenido en 2021, interrumpiendo casi tres décadas de control operativo sobre las terminales de Balboa, en el litoral pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. A lo largo de su gestión, la empresa ha destinado más de 1,800 millones de dólares en mejoras de infraestructura y tecnología en ambos emplazamientos. El proceso legal fue impulsado por el Contralor General de la República, Anel Flores, quien presentó demandas alegando violaciones constitucionales e irregularidades financieras, incluyendo el supuesto incumplimiento en el pago total de los impuestos requeridos. Cabe recordar que la concesión original data de 1997, dos años antes de que Estados Unidos transfiriera la administración del Canal a manos panameñas en 1999.
Por su parte, Panama Ports Company manifestó formalmente que la resolución judicial carece de un fundamento legal sólido y advirtió sobre el riesgo que supone para la estabilidad de miles de familias panameñas vinculadas al sector portuario. La compañía se ha reservado todos sus derechos legales, contemplando acciones tanto en tribunales nacionales como internacionales. Esta decisión judicial introduce una profunda incertidumbre sobre una desinversión masiva de CK Hutchison: la venta propuesta de su negocio portuario global por 23,000 millones de dólares a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC). Dicha transacción, anunciada inicialmente en marzo de 2025, ya había sufrido retrasos hasta 2026 debido al escrutinio regulatorio y a las exigencias de Pekín para que la estatal Cosco Shipping mantuviera una participación mayoritaria. Tras conocerse el fallo, las acciones de CK Hutchison en la bolsa de Hong Kong experimentaron una caída superior al 4.6%.
Las repercusiones geopolíticas de esta sentencia son de gran magnitud, considerando que por el Canal de Panamá transita al menos el 5% del comercio mundial. Analistas interpretan este movimiento como una alineación con la agenda de seguridad nacional de la administración Trump, que ha buscado activamente limitar la influencia estratégica de China sobre las infraestructuras críticas de la vía interoceánica. En respuesta, el gobierno de Hong Kong condenó la anulación, argumentando que socava la confianza de los inversores extranjeros, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas en el exterior.
En paralelo a este conflicto legal, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) continúa avanzando en su ambicioso plan de diversificación estratégica para mantener la competitividad regional. La ACP tiene previsto adjudicar los contratos para las nuevas terminales de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, antes de que finalice el año 2026. Se espera que estas instalaciones comiencen a operar en 2029, con el objetivo de elevar la capacidad anual de manejo de contenedores de 9.5 millones de TEU a 15 millones de TEU. Este desarrollo forma parte de un plan de modernización valorado en 8,500 millones de dólares, el cual avanza mientras el estatus legal de Balboa y Cristóbal permanece en un limbo jurídico, subrayando el doble esfuerzo de Panamá por reafirmar su soberanía legal y expandir su capacidad logística futura.
