La Corte Internacional de Justicia Ordena a Israel Tomar Medidas para Prevenir el Genocidio en Gaza

El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, dictó medidas provisionales contra Israel en respuesta a las graves acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza. Esta determinación se produjo como resultado de la demanda presentada por Sudáfrica, que argumenta que Israel está violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. El tribunal internacional estableció su competencia para conocer del caso y, lo que es crucial, consideró que las alegaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica parecen plausibles, un dictamen de profundo calado en el ámbito del derecho internacional.

Las órdenes emitidas por la CIJ exigen que Israel adopte todas las medidas que estén a su alcance para impedir la comisión de actos de genocidio y, de igual modo, asegurar que sus fuerzas armadas no incurran en tales acciones. Esto abarca la prohibición de asesinar palestinos en Gaza, infligirles graves daños físicos o mentales, y someterlos deliberadamente a condiciones de vida cuyo objetivo sea provocar la destrucción física del grupo palestino. La Corte también impuso la obligación de tomar medidas para evitar la destrucción de cualquier prueba relacionada con los hechos. Además, se le exigió a Israel facilitar la provisión de servicios básicos esenciales y la ayuda humanitaria urgente, con el fin de mejorar las adversas condiciones de vida que padece la población palestina en Gaza. Israel dispone de un plazo de un mes para presentar un informe al tribunal detallando las medidas concretas que ha implementado.

La Corte subrayó la relevancia de las declaraciones realizadas por altos funcionarios israelíes, incluyendo al presidente Isaac Herzog, quien había enfatizado la responsabilidad colectiva de todos los palestinos por el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Estas declaraciones fueron citadas por el tribunal como parte de la justificación para las medidas provisionales, al considerar que podrían interpretarse como una minimización del sufrimiento de los palestinos. A pesar del fallo, Israel ha rechazado categóricamente tanto las acusaciones como la jurisdicción de la CIJ, tachando la demanda de “fundamentalmente defectuosa”. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declaró que la decisión de la Corte se alineaba con la “falsa narrativa de Hamás”.

La respuesta de la comunidad internacional ante el dictamen ha sido variada. Mientras que algunos países, como Sudáfrica, acogieron la decisión como un paso esencial hacia la rendición de cuentas y el respeto a la legalidad internacional, otros, como Estados Unidos, expresaron reservas sobre el posible impacto en la dinámica del conflicto. La Unión Europea, por su parte, hizo un llamado explícito al cumplimiento de las decisiones vinculantes de la CIJ. El fallo reafirma la necesidad ineludible de adherirse al derecho internacional y de proteger a la población civil en las zonas de conflicto armado.

El desafío inmediato reside en garantizar la implementación efectiva de estas medidas. La comunidad global tiene ante sí la responsabilidad de asegurar que Israel cumpla con sus obligaciones mientras se mantiene el esfuerzo por alcanzar una solución pacífica y duradera. La prolongada crisis humanitaria en Gaza, caracterizada por la destrucción masiva de infraestructura y la escasez crítica de bienes de primera necesidad, subraya la urgencia de acatar las órdenes judiciales. La comunidad internacional debe seguir ejerciendo la presión necesaria para que Israel honre sus compromisos y se logre una mejora sustancial en la situación humanitaria.