Designación del Clan del Golfo como FTO por EE. UU. pone en jaque la Paz Total de Petro

La Administración del presidente Donald Trump designó el 16 de diciembre de 2025 al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Esta decisión se produjo días después de que el Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, alcanzara un segundo acuerdo con el grupo el 5 de diciembre, en el marco de la política de Paz Total.

Las conversaciones formales con el EGC habían iniciado en septiembre de 2025 en Doha, Catar, con la mediación de España, Noruega y Suiza, buscando una desescalada del conflicto durante los doce meses restantes del mandato de Petro. La designación estadounidense impone sanciones financieras severas y el congelamiento de activos a cualquier entidad o individuo que brinde apoyo material o logístico a la organización, generando una fricción inmediata entre la política exterior de Washington y los esfuerzos negociadores colombianos.

El Clan del Golfo, identificado como el conglomerado criminal más grande de Colombia y sucesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuenta con una fuerza estimada de cerca de 9.000 miembros dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la medida, señalando que la organización es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, personal militar y civiles, financiados principalmente por el tráfico de cocaína. Esta calificación equipara legalmente al grupo con otras organizaciones como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.

La medida complica el panorama para el presidente Petro, quien enfrenta escrutinio interno ante el ciclo electoral de 2026, obligándolo a reevaluar las repercusiones legales y diplomáticas antes de definir la continuidad de los diálogos. El negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, recordó que dialogar con grupos sancionados por Estados Unidos no es un precedente para Colombia.

Expertos han manifestado preocupación por la sincronización del anuncio. Viviana García Pinzón del Arnold Bergstraesser Institute (ABI) calificó el momento como inoportuno, advirtiendo que, si bien Trump podría citar la lucha contra el fentanilo, el enfoque principal del Clan del Golfo es la cocaína, lo que podría implicar una reactivación de la guerra contra las drogas con potenciales consecuencias en derechos humanos. Christian Chacón Herrera de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) interpretó la acción como una señal de presión del Departamento de Estado hacia las facciones políticas colombianas opositoras a la política de paz integral de Petro.

Elizabeth Dickinson del International Crisis Group (ICG) enfatizó que la calificación no justifica el uso de fuerza militar por parte de Estados Unidos, y que la prioridad debe ser la protección de la población civil mediante estrategias negociadas, análogas a los procesos previos con el ELN y las FARC. El contexto más amplio se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad de la administración Trump, enfocada en la contención de influencias externas, un enfoque denominado por algunos analistas como el "corolario Trump a la doctrina Monroe".

La designación amenaza con socavar los avances logrados en Catar, donde el EGC había acordado el 5 de diciembre el establecimiento de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios como Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), con desmovilizaciones previstas para marzo de 2026. La continuidad de las conversaciones en Doha, centro de mediación internacional, ahora depende de la reevaluación que haga el Gobierno de Petro ante el endurecimiento del cerco financiero y judicial impuesto por Washington.