Resolución del estatus del suelo mientras continúa la disputa legal por el Hotel Algarrobico

Se ha producido un desarrollo jurídico de gran relevancia en el prolongado conflicto que rodea al Hotel Algarrobico, una edificación de 21 plantas situada en la playa de El Algarrobico, dentro del entorno protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este avance surge casi dos décadas después de que se dictara la orden judicial inicial para detener las obras en febrero de 2036. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó formalmente el archivo definitivo del expediente relativo a la clasificación del suelo el pasado 16 de febrero de 2036.

Esta resolución judicial es consecuencia directa de la normativa publicada oficialmente por el Ayuntamiento de Carboneras el 12 de enero, la cual designa explícitamente los sectores ST-1 —donde se ubica el hotel— y ST-2 como terrenos no urbanizables sujetos a una protección especial. La construcción del hotel, que se inició originalmente en el año 2003, fue concebida en su momento como la pieza central de un complejo urbanístico de mayor envergadura que incluiría ocho hoteles y 1.500 apartamentos. Sin embargo, desde entonces, la estructura se ha transformado en el epicentro de la controversia medioambiental y del desarrollo urbanístico descontrolado. A pesar de la reciente clarificación sobre el estado del suelo, el principal desafío jurídico persiste: la licencia de obras original de 2003 aún no ha sido anulada administrativamente.

Un intento administrativo por parte del consistorio para revocar dicha licencia concluyó el 11 de enero de 2026, debido, según se informa, a que se remitió documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía. Este revés en el procedimiento ha llevado a colectivos ecologistas, entre ellos Salvemos Mojácar, a solicitar formalmente que el alcalde preste declaración por una presunta desobediencia, mientras los activistas redoblan la presión para conseguir la anulación definitiva del permiso otorgado hace casi veinte años. La ilegalidad fundamental de la obra radica en su ubicación a tan solo 47 metros de la línea de costa, lo que supone una vulneración directa de la prohibición de 100 metros establecida por la Ley de Costas, llegando incluso a reducirse esa distancia a 14 metros en estructuras adyacentes.

En un asunto paralelo que favorece la conservación del entorno, el Tribunal Supremo autorizó al Ministerio para la Transición Ecológica el 4 de febrero de 2026 a ocupar los tramos de la propiedad que invaden el dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión se produjo tras rechazar las medidas cautelares interpuestas por la promotora Azata del Sol, S.L. Actualmente, el Estado avanza en el proceso de expropiación de aproximadamente 16.432 metros cuadrados de terreno.

Este proceso de expropiación ha sacado a la luz una disparidad financiera abismal en las reclamaciones de compensación: mientras que la empresa promotora exige 44,5 millones de euros, la oferta inicial presentada por el Gobierno fue de tan solo 16.496 euros. Ante esta brecha tan significativa en la valoración, el caso ha sido derivado al Jurado Provincial de Expropiación para que determine un precio de mercado que resulte equitativo para ambas partes.

Toda esta saga, que se remonta a la concesión de la licencia en 2003 y la posterior paralización de los trabajos en 2006, refleja una compleja red de intereses políticos, financieros y ambientales que han mantenido la estructura de 21 plantas y 411 habitaciones en un limbo jurídico constante. El Gobierno ha señalado que la declaración de utilidad pública de los terrenos facilitará el inicio de la demolición en un plazo de cinco meses, siempre y cuando no surjan nuevos impedimentos legales que bloqueen el proceso definitivo de restauración del paraje natural.