El 19 de marzo de 2025, Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y destacado miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP), fue detenido por las autoridades turcas bajo acusaciones de corrupción y vínculos con organizaciones terroristas, incluyendo el PKK. Esta acción desencadenó una serie de protestas en todo el país, marcando una de las mayores oleadas de manifestaciones en Turquía en más de una década.
La detención de İmamoğlu se produjo días antes de que el CHP celebrara una elección interna para designar a su candidato presidencial para las elecciones de 2028, donde se esperaba que İmamoğlu fuera nominado. A pesar de su arresto, el CHP procedió a nominarlo como su candidato presidencial, reflejando su importancia en la política turca y el apoyo popular que mantiene.
La respuesta pública a su arresto fue significativa. Miles de personas se congregaron en diversas ciudades para expresar su descontento, enfrentándose en ocasiones con las fuerzas de seguridad. Las autoridades impusieron restricciones a las manifestaciones y suspendieron temporalmente el acceso a ciertas plataformas de redes sociales para controlar la difusión de información y coordinar las protestas.
Además de las protestas, la detención de İmamoğlu tuvo repercusiones económicas. La lira turca experimentó una caída significativa en su valor, y los mercados bursátiles mostraron volatilidad, lo que generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre la estabilidad económica del país.
Internacionalmente, organizaciones como el Consejo de Europa y Human Rights Watch expresaron su preocupación por la detención de İmamoğlu, calificándola como un ataque a la voluntad popular y a los principios democráticos. Estas reacciones subrayan la atención global sobre la situación política en Turquía y la importancia de respetar los derechos fundamentales y el estado de derecho.
La situación de İmamoğlu y las protestas que siguieron reflejan las tensiones políticas actuales en Turquía. La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, esperando que se respeten los derechos democráticos y se mantenga la estabilidad en la región.