En una revelación impactante, cinco oficiales somalíes del Servicio de Policía de Ottawa alegan que fueron espiados en secreto durante meses sin que se presentaran cargos en su contra, según una demanda de 2,5 millones de dólares. Los oficiales afirman que esta vigilancia fue motivada racialmente y se originó en sus conexiones con presuntos criminales, lo que llevó a una invasión ilegal de su privacidad.
Los demandantes, los constables Liban Farah, Mohamed Islam, Abdullahi Ahmed, Ahmedkador Ali y Feisal Bila Houssein, argumentan que la Junta de Servicios de Policía de Ottawa los discriminó, a pesar de haber sido contratados para mejorar la representación de comunidades racializadas dentro de la fuerza. Aseguran que su defensa contra el racismo dentro del departamento de policía condujo a represalias, incluida la vigilancia injustificada.
La demanda sostiene que la policía se basó en estereotipos racistas sobre hombres negros y familias somalíes para justificar las escuchas, lo que dejó a los oficiales sintiéndose ansiosos, confundidos y marcados por sus compañeros. Ahora, los oficiales luchan por desclasificar los documentos judiciales relacionados con las autorizaciones de escuchas, que afirman haber sido obtenidas ilegalmente.
La Junta de Servicios de Policía de Ottawa ha negado estas acusaciones, afirmando que las autorizaciones de escuchas fueron obtenidas legalmente y que las afirmaciones no representan un problema sistémico dentro del departamento. Sin embargo, la demanda destaca un patrón preocupante de discriminación y abuso de poder dentro de la OPS, exigiendo una censura significativa y compensación para los oficiales afectados.
Este caso plantea serias preguntas sobre el tratamiento de oficiales racializados en la aplicación de la ley y las implicaciones del uso del poder estatal contra individuos dentro de la misma institución destinada a mantener la justicia.