La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) ha expresado su preocupación por un proyecto de ley introducido en el Senado de Pakistán que otorgaría a los magistrados de distrito el poder de prohibir reuniones públicas en Islamabad por diversas razones, incluyendo el orden público. La HRCP advierte que, si se aprueba, esta legislación podría ser utilizada no solo contra la oposición política, sino también contra los activistas que abogan por temas que el estado considera 'contenciosos'.
La ley propuesta no solo otorga a los magistrados la autoridad para prohibir reuniones, sino que también permite el uso de fuerzas de seguridad y la detención de manifestantes que no cumplan con las órdenes. La HRCP expresó sus preocupaciones en redes sociales, afirmando: 'Al intentar regular excesivamente las reuniones, el proyecto de ley viola el derecho de las personas a la libertad de reunión pacífica bajo el Artículo 16 de la Constitución.'
Además, la HRCP instó al Comité de Justicia a rechazar el proyecto de ley, destacando su potencial uso indebido contra las libertades civiles. Este desarrollo ocurre en medio de un aumento de las restricciones a las libertades en Pakistán, particularmente en Baluchistán, donde se han reportado respuestas severas del gobierno contra reuniones públicas.
Además, el gobierno ha emitido un memorando que prohíbe a los empleados gubernamentales usar redes sociales sin permiso previo, con el fin de evitar la divulgación de información oficial. El memorando estipula que los empleados no pueden compartir documentos oficiales o expresar opiniones que puedan dañar la reputación del gobierno, lo que efectivamente ahoga la disidencia dentro del servicio público.
Las implicaciones de estas medidas son profundas y señalan una tendencia preocupante hacia un mayor control gubernamental sobre las libertades civiles y la libertad de expresión en Pakistán.