La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 23 de julio de 2025 una opinión consultiva histórica, declarando que todas las naciones tienen la obligación legal de abordar el cambio climático y proteger a las generaciones presentes y futuras. Este fallo, impulsado significativamente por la nación insular de Vanuatu y su Ministro de Cambio Climático, Ralph Regenvanu, subraya la urgencia y naturaleza existencial de la crisis climática.
La CIJ afirmó que el cambio climático representa una amenaza que requiere cooperación internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La corte reconoció explícitamente que un medio ambiente "limpio, saludable y sostenible" es un derecho humano fundamental. Aunque esta decisión es consultiva y no estrictamente vinculante, posee un peso moral y legal considerable, con potencial para influir en la jurisprudencia nacional y las negociaciones climáticas globales.
Esta opinión se alinea con pronunciamientos anteriores de otras cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha enfatizado las obligaciones estatales en la protección ambiental y la mitigación del cambio climático. El fallo de la CIJ establece que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidades, incluyendo la posibilidad de reparaciones para los estados afectados, siempre que se pueda establecer un vínculo causal directo y cierto entre el acto ilícito y el daño sufrido. Este aspecto resalta la seriedad con la que la comunidad internacional aborda las consecuencias del cambio climático, especialmente para las naciones más vulnerables, como las pequeñas islas.
Más de 130 países respaldaron la iniciativa que llevó a esta opinión, reflejando un consenso global sobre la urgencia de la acción climática. Este pronunciamiento se produce en un contexto donde la comunidad científica, a través de informes como los del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), ha reiterado la necesidad de una acción inmediata y ambiciosa para limitar el calentamiento global a 1.5°C. La opinión de la CIJ refuerza la idea de que la acción climática no es solo una cuestión de política, sino una obligación legal fundamental bajo el derecho internacional. La corte también destacó la importancia de la cooperación internacional, especialmente en términos de financiación y transferencia de tecnología para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación.
La opinión de la CIJ se suma a una creciente ola de decisiones judiciales y opiniones consultivas a nivel internacional que fortalecen el marco legal para la acción climática. Estos pronunciamientos, provenientes de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Europea de Derechos Humanos, están sentando un precedente global, instando a los estados a cumplir con sus compromisos climáticos y a proteger los derechos humanos frente a la crisis climática.