Un reciente acuerdo entre Uganda y Estados Unidos para aceptar deportados de EE.UU. ha generado una considerable controversia, particularmente en el caso de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland originario de El Salvador.
Abrego García se entregó voluntariamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) el 25 de agosto de 2025. Esto ocurrió en medio de planes de la administración Trump para deportarlo a Uganda, un país con el que no tiene ningún vínculo. La situación de Abrego García se ha convertido en un punto álgido de las políticas de inmigración de la administración Trump. Previamente, fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de una orden judicial que lo protegía debido al riesgo que corría en su país natal. Tras su regreso a EE.UU. en junio de 2025, fue acusado de contrabando de personas, cargos que él y sus abogados niegan, alegando que son infundados y de carácter vengativo. Sus abogados han presentado una demanda federal, argumentando que estas acusaciones son una represalia por su desafío legal a la deportación inicial.
El acuerdo entre EE.UU. y Uganda, según se informa, estipula que solo se aceptarán deportados sin antecedentes penales y que no sean menores no acompañados. Sin embargo, los detalles específicos del acuerdo y su aplicación siguen siendo poco claros. Las preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos en Uganda han sido planteadas por el equipo legal de Abrego García, quienes también señalan la ausencia de una entrevista de temor razonable en su caso. Críticos dentro de Uganda han cuestionado la falta de supervisión parlamentaria sobre el acuerdo, especulando que podría servir a intereses políticos y económicos.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han expresado su inquietud por la seguridad y el debido proceso de los deportados en Uganda. Informes de Human Rights Watch señalan violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo arrestos violentos y tortura de civiles por parte de agentes de seguridad. La comunidad LGBTQ+ en Uganda también enfrenta una persecución intensificada. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Uganda ha expresado su preferencia por recibir migrantes de nacionalidad africana y ha enfatizado que no aceptará personas con antecedentes penales.
El caso de Abrego García subraya las complejidades y las cuestiones éticas inherentes a los acuerdos de deportación a terceros países. La falta de transparencia en el acuerdo EE.UU.-Uganda y las preocupaciones sobre el trato a los deportados plantean interrogantes importantes sobre la justicia, los derechos humanos y la responsabilidad en la política de inmigración global. La batalla legal de Abrego García continúa, con un juez federal bloqueando temporalmente su deportación a Uganda hasta que se puedan argumentar los méritos del caso en los tribunales, destacando la necesidad de un escrutinio riguroso de tales acuerdos internacionales.