La Policía Nacional española ha desmantelado una sofisticada red internacional dedicada al ilícito tráfico de bienes arqueológicos, en una operación que se ha saldado con la detención de siete personas. Las actuaciones policiales se concentraron en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, desmantelando una organización criminal que operaba a gran escala.
Los implicados se enfrentan a graves acusaciones que incluyen pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando. La investigación, iniciada en marzo de 2023, puso el foco en una empresa que comercializaba numismática en línea, ofreciendo un considerable número de monedas de origen arqueológico. Las piezas presentaban indicios de extracción reciente, como restos de tierra, sugiriendo su procedencia de yacimientos arqueológicos.
Las transacciones de esta empresa se extendían a múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas, acumulando un volumen de negocio que superaba el medio millón de euros en un periodo de cinco años. La policía determinó que la compañía carecía de los permisos de exportación necesarios, configurando así un delito de contrabando. Este tipo de actividades ilícitas no solo socavan la integridad del patrimonio cultural, sino que también pueden financiar otras actividades criminales, según informes de organismos como el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. La magnitud de este comercio ilícito se estima en miles de millones de dólares anuales a nivel global, comparable al tráfico de drogas y armas.
La operación, denominada 'Operación Prados', ha permitido la incautación de aproximadamente 3.000 artefactos, incluyendo monedas de plata, proyectiles de honda de la época romana, lámparas de aceite, puntas de flecha y un vaso de vidrio. El valor de estos objetos, muchos de ellos en un estado de conservación excepcional, subraya la importancia de la labor de las fuerzas de seguridad en la protección del legado histórico. La mayoría de los objetos recuperados han sido trasladados al Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio y catalogación detallada.
La venta de estos bienes sin la debida documentación y permisos constituye una violación directa de las leyes de patrimonio nacional español, y la falta de permisos de exportación es un claro indicio de contrabando. La interconexión entre el tráfico de antigüedades y otras formas de crimen organizado es una preocupación creciente para las autoridades internacionales, como lo demuestra la vinculación de estas actividades con el blanqueo de capitales y, en algunos casos, con la financiación del terrorismo.